Es una instancia técnica no jurisdiccional y de carácter permanente, creada el año 2010 por la Ley N° 20.410, que modifica la ley de concesiones y su reglamento. Su función es pronunciarse mediante “recomendaciones técnicas” sobre las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión.